La instalación del ascensor segùn la ley

Posted on 31 julio, 2018 By In Accesibilidad With 2 comments

La instalación del ascensor con la Ley de Propiedad Horizontal

Adopción del acuerdo de proceder a la instalación de un ascensor, se ha de estar a lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal

 

La evolución social y los derechos de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional, supone que se debe respetar sus sus derechos básicos y libertades potenciando los recursos y servicios disponibles para contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.

Con este objetivo ya hace 4 años que se adoptaron medidas legales para alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad en todos los edificios residenciales y públicos.

Concretamente en diciembre de 2017, será obligatorio todos los edificios residenciales y públicos, sin excepción, de los accesos adaptados para personas con discapacidad.

Esta declaración materializa la declaración de real Decreto Legislativo 1/2013 sobre la accesibilidad, y posteriormente en la Ley 8/2013 de 26 de junio  sobre la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana (LRRR).

La ley fija la obligatoriedad de un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) para acreditar la situación en la que se encuentra el edificio en relación al cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

Por ley, el IEE deben pasarlo: los edificios de vivienda comunitaria con más de 50 años; los que tengan pendiente la revisión de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE); y aquellos con menos de 50 años que soliciten ayudas públicas para realizar obras de adecuación.

Los edificios construidos después de esta fecha, deben ser planificados acatando las normas en su día vigentes. Se trata por tanto de hacer ajustes razonables.

Las adecuaciones contemplan las áreas de: movilidad y comunicación

Las adecuaciones necesarias para cumplir con el requisito de accesibilidad contemplan las áreas de movilidad y comunicación, según el Plan Estatal 2013-2016. En movilidad, las soluciones más comunes que podrán aplicarse a cada edificio, según sus características son:

  •  Rampas, que solo sirven para superar pequeños desniveles, con inclinaciones reducidas;​
  • Plataformas salvaescaleras, que permite acceder con silla de ruedas, aunque suele requerir mayor espacio y mayor potencia en el mecanismo;​
  • Elevadores verticales, un sistema mecánico de engranajes (sin poleas) que hace subir una plataforma en vertical para superar desniveles pronunciados pero cortos;​
  • Ascensor, depende del número de pisos.

 

En cuanto a las sillas salvaescaleras y orugas motorizadas, al no permitir al usuario de silla de ruedas su uso autónomo, no se consideran una adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en espacios públicos.

No obstante, las sillas salvaescaleras se pueden utilizar en casos muy particulares para facilitar la accesibilidad a ciertos usuarios cuando no exista otra solución, siempre que se cuente con la conformidad previa del usuario.

En materia de comunicación, ésta ha de ponerse al alcance de todos, mediante la instalación de señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en las zonas comunes.

Y para la comunicación con el exterior, se deberán instalar telefonillos o vídeo porteros.

El Real Decreto 1/2013 define los ajustes razonables como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida”.

Este concepto se define de una forma simple, como que el coste de las obras en edificios de propiedad horizontal no exceda de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, restando, por supuesto, la ayuda pública en caso de existir; por ejemplo si una persona propietaria de un piso paga 200 euros de gastos de comunidad comunes, el presupuesto de la obra no pude ser superior a 2.400 por propietario y vivienda, ni incluyendo ayuda publica en caso de existir.

En la actualidad, cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites.

Si se excediera, otra posibilidad es que la diferencia entre el límite de las 12 mensualidades por vecino y el coste total, sea abonado por quien ha solicitado la obra, y el resto de propietarios estarán obligados a pagar la derrama máxima.

Puedes saber más sobre estas cuestiones y otras leyendo nuestra revista y los artículos relacionados con la ley de propiedad horizontal en España 

2 Comments
  1. José
    16 agosto, 2018 at 18:27

    En una comunidad de propietarios con dos escaleras separadas un vecino de más de 70 años que vive en un tercer piso ha solicitado la instalación de un ascensor, la obra es muy costosa y excede los 100000 euros, los gastos comunes anuales de la comunidad en su conjunto no llegan a los 10000 euros y la propuesta que se ha hecho es fraccionar el pago de forma que cada anualidad cumpla el requisito de ser menor que las 12 mensualidades de gastos comunes y como consecuencia la comunidad debería pagar una derrama de casi 10000 euros anuales durante más de 10 años.

    Además solo una tercera parte de los propietarios se beneficiaría del ascensor y de la revalorización de sus pisos mientras que el resto solo tendría gastos.

    ¿Esta situación está dentro de lo estipula la Ley?

    1. Jose Antonio Caldés
      17 agosto, 2018 at 15:02

      Buenas josé, en atencion a tu pregunta, con la informacion facilitada, parece que se ajusta a lo determinado por la ley, concretamente la LPH indica que es una obra obligatoria sin necesidad de acuerdo la instalación de un ascensor, siempre que el importe repercutido anualmente (descontadas subvenciones) no exceda de 12 mensualidades de gastos comunes.

      Sin perjuicio de ello, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.(ESTE PUNTO ES IMPORTANTE TENERLO EN CUENTA).
      Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

      Serán costeadas por los propietarios de la comunidad, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono.

      Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa.

      Entedemos que se han seguido estos aspectos en su caso. No Obstante puede consultar a un abogado para analizar en detalle su caso.
      un saludo

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